Autonomía, hasta el final de nuestros días

Autonomía, hasta el final de nuestros días

Por Ingrid Brena

 

No existe una fórmula precisa que garantice que el final de nuestra vida no sea un tránsito sin pena, pero lo que si podremos lograr es el reconocimiento de que seamos nosotros quienes tengamos la última palabra para elegir, de acuerdo a nuestros propios fines y valores, entre los escenarios posibles aquel que nos resulte menos penosos.

 

El afortunado alargamiento de la esperanza de vida se acompaña con la aparición de padecimientos físicos y mentales propios de la vejez, éstos afectan de manera distinta a cada persona y son derivados de una serie variable de condiciones físicas dependientes de herencia genética, aspectos emocionales, sociales y económicos.

Ese alargamiento se ha logrado gracias a la irrupción de avances científicos y tecnológicos que han permitido la cura de más enfermedades y la disminución en forma eficaz de los efectos de algunos padecimientos que usualmente afectan a los adultos mayores. Sin embargo, en el imaginario colectivo los rápidos avances logrados han llegado a generar la idea de que la muerte puede retrasarse de manera indefinida y esta imagen ha tomado un cariz que, en algunos casos, se ha convertido en obsesión.

Foto: Octavio Olvera

Hay que tomar en cuenta que retardar nuestra muerte implica un gran despliegue de esfuerzos y recursos encaminados a aplazar el fin de la vida y en innumerables ocasiones sin la adecuada valoración entre el costo de esos esfuerzos, la sobrecarga de sufrimientos que nos ocasionará y los logros que puedan obtenerse.

¿Cómo encontrar la fórmula para que podamos vivir esta última etapa con cierta calidad sin tener que sufrir por ello? ¿Hasta dónde y bajo qué circunstancias los avances científicos y médicos realmente nos permiten mejores condiciones físicas o mentales al llegar a la tercera edad?

En la última etapa de la existencia, la calidad de vida se relaciona íntimamente con la supresión del dolor o por lo menos con su control a través de cuidados paliativos y deben evitarse las medidas desproporcionadas o inútiles tendientes a alargar la vida en situación de agonía, conocidas bajo el término “obstinación terapéutica”. Esta se refiere a la utilización de procedimientos médicos dirigidos a prolongar la vida del paciente en circunstancias tales que resulta muy dudoso que los mismos produzcan efectos benéficos, en cambio, es probable que solo conduzcan a un alargamiento del proceso de morir. La Ley General de Salud define la obstinación terapéutica como “la adopción de medidas desproporcionadas o inútiles con el objeto de alargar la vida en situación de agonía” (a. 166 Bis 1) y establece como deber expreso del personal médico el no aplicar tratamientos o medidas consideradas como obstinación terapéutica, en aras de respetar la calidad de vida y dignidad. (a. 166 Bis 18).

Foto: Octavio Olvera

Ciertas creencias religiosas o corrientes filosóficas han jugado un papel importante en las decisiones sobre continuar o no la vida y bajo qué circunstancias. Para la mayoría de las religiones la vida contiene algo de sagrado, su prolongación, independientemente de la circunstancia que la rodean, está plenamente justificada.

¿Le corresponde al médico o a nosotros tomar decisiones sobre los cuidados médicos que aceptaríamos se nos aplicarán?

El desarrollo doctrinal del principio de autonomía ha llevado a su reconocimiento en varios instrumentos internacionales de Derechos Humanos desde la Declaración Universal de 1948 y a su aplicación en de la práctica médica, a partir de 1973 con la Carta de los Derechos de los Pacientes. El principio de autonomía implica la tomas de decisiones sobre nuestra propia vida de acuerdo con los valores que priorizamos.

Llegar a ser persona mayor no cambia ni reduce nuestros derechos. Tenemos derecho a tomar decisiones, a definir y desarrollar un plan de vida propio, autónomo e independiente basado en nuestras tradiciones y creencias aunque lo hagamos a corto plazo. Si se pretende que esta posibilidad de diseñar nuestra propia vida se convierta en una realidad debe ir acompañada de ciertos mecanismos que permitan su ejercicio y de políticas que permitan el acceso a nuestra autodeterminación.

Foto: Octavio Olvera

El mecanismo por excelencia para la expresión de la voluntad es el consentimiento informado a través del cual podremos tomar nuestras decisiones y expresar nuestra voluntad en forma directa. Pero para que una voluntad se considere auténtica se requiere de información previa, de manera que tendremos derecho a conocer nuestro estado de salud y las alternativas de tratamientos médicos, así como sus posibles consecuencias. La información que recibamos debe ser adecuada, clara, oportuna, disponible, accesible y comprensible y debe tomar en cuenta nuestra identidad cultural, el nivel educativo y necesidades de comunicación, edad, estado de salud y la especial situación de nuestra fragilidad como adulto mayor.

Desafortunadamente la edad avanzada frecuentemente va acompañada de trastornos como la demencia senil y el Alzheimer por mencionar algunos. Estos trastornos ocasionan el deterioro de las capacidades mentales de las personas en mayor o menor grado hasta llegar a transformar a una persona, antes libre, en una dependiente.

Foto: Octavio Olvera

Si llegásemos a estar en esta nueva y desafortunada situación, más común de la deseable, el personal de salud deberá tomar medidas especiales que permitan reconocernos cierta autonomía y sólo, cuando lo necesitemos, seamos asistidos en la toma de decisiones por alguien de nuestra confianza, capaz de hacernos entender nuestro estado de salud y las diversas alternativas terapéuticas que se ofrecen. Habrá, sin embargo, casos extremos en que esa alternativa no pueda implementarse debido al deterioro mental que llega al grado de volver imposible el reconocimiento de nuestra voluntad, ya porque no podamos trasmitirla o ya porque la incapacidad mental sea tal que sea imposible referir una voluntad. Sólo en estos casos extremos, el consentimiento deberá ser proporcionado por alguien que nos represente.

Pero, ante estos panoramas podemos ser previsores, actualmente existe la posibilidad de tomar decisiones sobre situaciones futuras a través de las directrices anticipadas, denominadas así en la Ley General de Salud o Voluntad Anticipada por la ley especial de CDMX. Este mecanismo permite hacer efectivo nuestro derecho a manifestar nuestra voluntad sobre los tratamientos médicos que admitiríamos nos fueran proporcionados y cuáles no para el caso de llegar a encontrarnos en una situación que nos impida expresar directamente nuestros deseos.

La LGS expresa: “Toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, puede, en cualquier momento e independientemente de su estado de salud, expresar su voluntad por escrito ante dos testigos de recibir o no cualquier tratamiento, en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación terminal y no le sea posible manifestar dicha voluntad”. (a. 166 Bis 4).

Estas directrices se harán efectivas al momento en que perdamos las condiciones necesarias para manifestar nuestra voluntad en forma directa ya sea por alguna discapacidad o por el avanzado estado de una enfermedad.

Se justificaría una desatención a estas directrices anticipadas sólo en caso de emergencias o cuando éstas vayan en contra del orden jurídico establecido. Un ejemplo claro de prohibiciones legales que impiden el cumplimiento de una voluntad anticipada sería la petición de eutanasia. Tanto la ley sanitaria administrativa como la penal de nuestro país consideran delito la práctica de la eutanasia y del suicidio asistido, por lo tanto, ninguna instrucción previa podría solicitar al médico la práctica de una eutanasia o suicidio asistido, si lo hiciera tal instrucción sería nula.

Salvo los casos antes descritos, las instrucciones previas son redactadas con la intención de que la voluntad del paciente sea cumplida y cuando el profesionista no actúe conforme a ella podría incurrir en responsabilidad. La LGS, artículo 166 Bis 15.- “Los médicos especialistas en las instituciones de segundo y tercer nivel, tendrán entre sus obligaciones: Respetar la decisión del enfermo en situación terminal en cuanto al tratamiento curativo y cuidados paliativos, una vez que se haya explicado en términos sencillos las consecuencias de su decisión”; y el Reglamento para la Atención Médica, en su artículo 138 Bis 22, expresa: “Las instituciones del Sistema Nacional de Salud deberán observar la voluntad expresada en las directrices anticipadas. Cuando no se ejecute de manera exacta la voluntad expresada en las directrices anticipadas, se estará a las sanciones que establezcan las leyes aplicables. El Código Civil regula la responsabilidad civil por incumplimiento de obligaciones.”

Foto: Antonio Sierra

 

Conclusión

Corresponde al médico utilizar todas sus habilidades, conocimiento y experiencia para darnos un diagnóstico certero y ofrecernos las diversas posibilidades de tratamiento que permitan vislumbrar una curación o, al menos, brindar un paliativo a nuestro dolor. Además, profesional de la salud debe brindarnos la mejor información a su alcance y sobretodo debe respetar nuestra voluntad en cualquiera de las formas en que ésta haya sido expresada legalmente.

No existe una fórmula precisa que garantice que el final de nuestra vida no sea un tránsito sin pena, pero lo que si podremos lograr es el reconocimiento de que seamos nosotros quienes tengamos la última palabra para elegir, de acuerdo a nuestros propios fines y valores, entre los escenarios posibles aquel que nos resulte menos penosos. Hago votos porque en un futuro cercano tengamos la posibilidad legal de decidir concluir con nuestra existencia cuando la vida sólo nos signifique un gran sufrimiento físico o cuando consideremos que ya hemos concluido nuestro tránsito en ella.

 

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