Complejidad política de la educación superior

Complejidad política de la educación superior

Humberto Muñoz García[1]

A dos años de este gobierno, seguimos preocupados porque las políticas ofrecidas no resuelven los graves problemas que se aprecian por donde quiera que se entre al análisis.

 

El Sistema de Educación Superior (SES) del país se ha convertido en algo verdaderamente complejo: tiene 12 subsistemas y uno de ellos, que divide al conjunto, corresponde a las instituciones privadas. La matrícula del sector privado tuvo una ligera disminución del 2006 hasta el 2017, del 32.7 al 31.5 por ciento con respecto al total. El dato reafirma la importancia de su representación en el SES. La matrícula de las privadas alcanza un 47 por ciento en Yucatán y un 11 por ciento en Chiapas (Mendoza, 2018).

Nuestro país es un mosaico en el que existen grandes diferencias, de tal suerte que las especificidades locales cuentan y mucho. Por ejemplo, las brechas en cobertura se han agrandado en este siglo, si se compara la tasa bruta nacional con Chiapas y Oaxaca, que son las de menor cobertura.

Al mismo tiempo, hay seis entidades en el país que concentran cerca del 43% de todas las escuelas del nivel terciario. Casi seis de cada diez, en el país, son privadas. Y las grandes universidades privadas han ocupado cada vez más el espacio de las entidades federativas de México.

La matrícula del posgrado también está concentrada, porque casi tres de cada cinco estudiantes están ubicados en cinco entidades federativas. En el total de la matrícula de posgrado, la información de Mendoza (2018) muestra que hubo un cambio importante porque la educación privada en el posgrado pasó de 42 por ciento en 2007 a 58 por ciento en 2017. La hipótesis, por lo pronto, es que dicho cambio, probablemente, esté asociado al credencialismo en el mercado, y al nicho que se ha abierto a las maestrías profesionalizantes en el sector privado, que es donde se integran más estudiantes en un sinnúmero de programas.

El aparato científico nacional también se encuentra concentrado en unas cinco o seis entidades, a juzgar por el número de investigadores nacionales del CONACYT. La mayor parte de la investigación que se hace radica en las universidades públicas del país pero, hasta ahora, la política oficial no comprende cabalmente el papel de las universidades en materia científica, el significado actual del conocimiento para el progreso y del humanismo para reconstruir el tejido social.

En fin, hay muchos temas que se pueden tocar a favor de las universidades públicas, para sostener la relevancia de apoyarlas, porque son parte de la riqueza nacional. A dos años de este gobierno, seguimos preocupados porque las políticas ofrecidas no resuelven los graves problemas que se aprecian por donde quiera que se entre al análisis.

 

Un punto crucial para la educación superior en México es el financiamiento. El gobierno tendría que asumir una política fiscal que le brinde recursos y que su distribución cuide las prioridades del gasto, enfatizando derechos sociales.

En educación superior se va en sentido contrario. El gasto ha venido disminuyendo, después de 2015, como porcentaje del PIB. Y en esa tendencia, la fuerza social que ha significado la educación superior terminará, en el 2024, más debilitada que ahora, sin incluir el efecto negativo que pueda agregar la política científica en las universidades. La pandemia, los políticos y los retrogradas han puesto de su parte para debilitar a las universidades públicas. Han dejado ver cómo quieren que marche esta sociedad a través de los próximos tiempos. Lamentable.

La estabilidad financiera de las instituciones universitarias será algo crucial en lo que viene; y restaurar a las trece universidades que están en crisis financiera, para que puedan pagarle a sus trabajadores. Desde afuera del campus se aconseja tomar medidas internas draconianas. Todo en demérito de la academia. Y con un costo político para el régimen que será bastante elevado, lo mismo que para la sociedad.

En el Siglo XX las universidades fueron medios fundamentales para estimular la movilidad social, el surgimiento y crecimiento de las clases medias, que fueron un factor fundamental para la estabilidad política. Hoy, la gratuidad, la obligatoriedad y las metas de crecimiento de la matrícula universitaria exigirán al gobierno otorgar más apoyos, sin que se reduzca el costo por alumno en detrimento de la enseñanza.

En lo que va del siglo XXI hay evidencias que muestran que los sectores sociales menos favorecidos han aumentado su participación en la matrícula universitaria. La brecha entre éstos y los sectores mejor posicionados socioeconómicamente ha venido disminuyendo al tiempo que se ha ampliado la matrícula. Si la tendencia de inclusión continua a favor de la participación de estudiantes de los cuatro deciles más bajos del ingreso, tendríamos algo más de equidad en este segmento educativo y jóvenes mejor preparados para el futuro.

Para ello se necesitan políticas adecuadas: romper la concentración y la centralización, actualizar a los académicos, avanzar en la digitalización, mayor acercamiento de las universidades a la sociedad, eliminar la productivitis de la evaluación, ligar la investigación a la docencia, financiamiento suficiente y oportuno, y una mayor coordinación e integración del sistema bajo el principio de la autonomía.

 

[1] UNAM. Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior, IIS.

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